La OCU exige medidas que hagan posible la competencia en el ámbito de los combustibles
La nueva subida, hecha efectiva en la
noche de ayer, ha vuelto a poner de manifiesto la urgente necesidad de que el
Gobierno tome medidas que permitan la llegada de la competencia al ámbito de los
combustibles que están, tras su liberalización en la peor situación para los
consumidores: el de un mercado liberalizado en el que no existe el menor atisbo
de competencia con una alarmante situación de paz de precios (lo más parecido a
un pacto entre las grandes petroleras).
El Gobierno, en cuyo programa electoral figuraba el compromiso de fomentar la competencia en los sectores liberalizados, debe tomar ya cartas en el asunto ante la absoluta falta de sensibilidad de las petroleras que, pese a la bajada del crudo (argumento en que basaron anteriores subidas) no sólo no la han trasladado a los precios del combustible con la misma celeridad, sino que han producido nuevas subidas.
Según se puede observar en la tabla adjunta, el precio antes de impuesto (PAI) ha subido en un año, desde abril de 1999, un 84,95% en el caso de la gasolina sin plomo, un 80,21% en el de la súper y un 67,04% en el gasoil. Son unas subidas de muy difícil justificación y que, en cualquier caso, claman por una activación de mecanismos que favorezcan la llegada de competidores. Los consumidores están ya cansados del doble lenguaje de las grandes petroleras: mientras justifican las subidas en función de unas pérdidas de márgenes, declaran, trimestre tras trimestre, beneficios récords.
A juicio de la OCU estos mecanismos pasan por proteger el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, garantizando escrupulosamente el abastecimiento de combustible en las mismas condiciones en las que las grandes petroleras abastecen a sus propias gasolineras o a sus abanderadas.
Si estas medidas no se toman con urgencia, los consumidores estamos abocados a nuevos incrementos, ya que, aunque el precio de la súper lo ha alcanzado, el de la sin plomo y el del gasoil están aún a 3 y 7 ptas, respectivamente, del incremento "amenazado" cuando el crudo alcanzó su precio máximo.
