Corte de luz: un planteamiento inaceptable

Lamentablemente, la nueva filosofía de que "la seguridad se paga" sigue avanzando inexorablemente. La OCU ha salido al paso de la velada acusación de que los responsables de la, en muchos casos, dramática situación que se ha vivido en diversos lugares de la geografía española con ocasión de los cortes de electricidad, son los propios consumidores. Según se ha dicho han ido más allá de las exigencias (contratadas) en la demanda de energía eléctrica, cuando esta afirmación, con los datos de las propias compañías, resulta insostenible. Todo parece ir encaminado a conseguir el llamado efecto California y hacer creer a los consumidores que para garantizar el suministro eléctrico deben hacer frente a una subida de tarifas. La OCU espera del buen sentido del Gobierno que no ceda a la presión de las compañías, tome las medidas oportunas para que no vuelvan a repetirse situaciones como las de este fin de semana y mantenga la bajada de tarifas comprometida.

Según los datos aparecidos en los medios, el lunes se produjo un pico de demanda de 36.000 MW (megawatios) por lo que se tomó la decisión de los cortes en varias Comunidades Autónomas, continuación de la catástrofe del fin de semana en Cataluña. Pues bien, según el propio sector, en 1999, la potencia instalada en España era de 53.753 MW, 46.467 MW de ellos pertenecientes a Unesa. La demanda del lunes era, pues, claramente inferior a la potencia instalada por lo que difícilmente puede justificarse, a juicio de la OCU, esta decisión. Otra cosa es la falta de previsión de las compañías que sólo habían pedido a la Operadora del Mercado un máximo de 28.591 MW para la hora punta del lunes.

Los consumidores pagan 232 ptas (más su IVA correspondiente) por cada kW contratado, garantizándose así la disponibilidad de esa electricidad (en el recibo, "término de potencia"). Si las compañías contratan más de lo que pueden ofrecer o no hacen las previsiones adecuadamente, la responsabilidad no admite dudas.

La pretensión de cobrar aún más para atender al desarrollo de las infraestructuras es considerada por la OCU fuera de toda lógica en la medida en que desde hace ya tiempo las compañías vienen cobrando los CTC's cuyo objetivo es ayudar a las empresas en el proceso de adaptación a la competencia, lo que, lógicamente implica, la renovación de las estructuras que, sobre todo en Cataluña, se han revelado obsoletas para atender a las exigencias de los consumidores. ¿Quién controla el destino de esas cantidades multimillonarias? ¿Qué garantías tienen los consumidores, a los que ahora se les quiere pedir el esfuerzo de pagar lo que ya están pagando (la garantía de la disponibilidad), de que hasta la última peseta que se cobre para la mejora del servicio se va a dedicar a ello y no a invertir en otros países o en otros sectores? Por lo ya visto, ninguna.

Por otro lado, la OCU insiste en que los consumidores residenciales ya están pagando un precio medio por kWh muy superior al que pagan los grandes consumidores que son los únicos que pueden negociar el precio de la electricidad que consumen (17,36 ptas/kWh de los primeros frente a 3,68 ptas/kWh los segundos) . Ello determina que el servicio eléctrico para el tramo habitual de consumo se sitúa en España entre los más caros de nuestro entorno europeo (teniendo siempre en cuenta el poder adquisitivo de los ciudadanos de cada país).

La OCU lamenta que ante estos hechos los poderes públicos miren hacia otro lado y no asuman el control de una situación que, por desgracia, amenaza con acabar con el triunfo de las injustificadas demandas de las compañías. A juicio de la asociación de consumidores, una vía más eficaz es el incremento de la capacidad de interconexión con los países vecinos (Francia y Portugal, sobre todo), hoy totalmente descuidada, y que abriría la posibilidad de una mayor competencia y precios más bajos .

Por otro lado, la OCU, sin poner en discusión el derecho de los consumidores a reclamar por los graves perjuicios padecidos y animando a ejercerlo, sale al paso de las expectativas sobre el posible final feliz de esas reclamaciones. Ante el talante manifestado por las compañías acerca de la responsabilidad de la situación, las posibilidades de conseguir una solución amistosa o por medio de la mediación o el arbitraje son más bien escasas y las de hacerlo por la vía judicial (único camino alternativo) se alejan en el tiempo y apuntan a un elevado coste.

Es hora ya de que la administración comience a aplicar eficazmente el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el que se reconoce el derecho a una indemnización a los consumidores en este tipo de situación.