Conflicto de Iberia: La OCU exige la toma urgente de medidas

La decisión anunciada en la noche de ayer de suspender todos los vuelos, tomada con apenas dos horas de antelación y revocada apenas cinco horas más tarde fue, a juicio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desmesurada e injustificable. La nula consideración manifestada por Iberia de las posibles consecuencias para los 80.000 usuarios que se deriva de esa decisión pone de manifiesto la gravedad de la situación y la extrema irresponsabilidad de los agentes de este conflicto que ya dura demasiado tiempo y amenaza con no tener fin. La OCU ha exigido hoy al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios del Congreso la toma urgente de medidas para evitar que los ciudadanos sigan siendo siempre los perdedores en este tipo de conflictos.

Lamentablemente, los usuarios vemos cómo se toman medidas en contra de sus intereses buscando, por encima de todo exacerbar el daño hasta niveles insoportables sin la menor esperanza de una reparación justa puesto que la única vía posible, la judicial, es larga, onerosa y de final incierto. Con esta decisión, la Compañía Iberia perdió ante los usuarios cualquier atisbo de razón que le pudiera asistir en su ya interminable conflicto con el colectivo de pilotos, cuyas exigencias imposibles la OCU ha criticado con dureza. En el estado actual de las cosas, la irresponsabilidad de unos y otros deja a los usuarios en una situación de intolerable indefensión. De nuevo, la OCU ha insistido en la urgencia de que los poderes públicos tomen las medidas necesarias para cumplir un mandato constitucional cuya ignorancia está en la base de estas situaciones en la que los ciudadanos se convierten en rehenes de colectivos conscientes de su poder que no dudan en elegir los momentos en que mayor daño pueden producir al mayor número de personas posible y en golpear a la otra parte en las espaldas de los usuarios de sus servicios que nada pueden hacer por la solución del problema. En ese sentido el art. 28 de la Constitución es claro y contundente: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Y, hoy por hoy, el transporte público es un servicio esencial. Cuando, como es el caso, se produce un conflicto entre dos derechos constitucionales es responsabilidad de los poderes públicos el establecer el cauce para hacerlos compatibles. Y la experiencia dice que la escasa regulación actual hace que el primero (el de los trabajadores a la huelga) prevalezca siempre sobre el segundo (el de los ciudadanos al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad). La misma contundencia tiene, a juicio de la OCU, el art. 37 referido a los convenios y conflictos laborales. En su párrafo 2 se dice: "Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad". La OCU se ha dirigido al Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso exigiendo la toma de medidas encaminadas a la solución definitiva de este tipo de conflictos ya que son los garantes, según la Constitución, del buen funcionamiento de los servicios esenciales para los ciudadanos y son ellos quienes deben tomar las medidas oportunas para hacer compatible el ejercicio de estos dos derechos constitucionales. No es aceptable que los caudales tan inmensos de daños y perjuicios que se derivan para los usuarios en estas ocasiones, una vez que acabe el conflicto, queden sin satisfacción y no traigan ningún tipo de consecuencias para quienes actúan con niveles tan injustificados de irresponsabilidad y falta de respeto a los usuarios.