Gasolineras: los precintos de fabricante son ahora inviolables

Ante la sentencia del Supremo, dada a conocer en el día de ayer, sobre una actuación de la Comunidad de Madrid en julio de 1998, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha salido al paso de las interpretaciones interesadas y ha manifestado que:

1. La sentencia en nada modifica la situación actual de las estaciones de servicio fruto de la nueva normativa que salió de la polémica suscitada a raíz del descubrimiento del presunto fraude en algunas estaciones de servicio del "grupo" Villanueva.

2. La sentencia del Supremo afecta a un caso anterior a la entrada en vigor de esa normativa, cuando todavía el precinto de los fabricantes podía ser violado sin problemas, ya que existía una inmensa laguna legal en el control de la fase de explotación y tras reparación de los surtidores .

3. La norma aparecida en el BOE el 10 de junio de 1998 colmaba ampliamente esa laguna, si bien su entrada en vigor se retrasaba a diciembre del mismo año , ya que se concedía a los empresarios de las gasolineras seis meses para la primera verificación de sus surtidores según las exigencias de esa nueva normativa.

4. Esta normativa ofrecía garantías importantes para los usuarios que en nada se han visto afectadas por la citada sentencia: por un lado, establecía el carácter inviolable y sujeto a control administrativo de los precintos del fabricante, como garantía de buen funcionamiento, y, por otro, la obligación de una verificación anual y después de cada reparación por parte de técnicos verificadores reconocidos por la Administración, cuya práctica se debería reflejar en una etiqueta bien visible en cada surtidor. Esta normativa, pues, haría imposible una sentencia como la conocida ayer, ya que la simple ruptura del precinto del fabricante es razón suficiente para la clausura del surtidor .

5. Pese al impacto negativo de esta sentencia para la Comunidad de Madrid, es de justicia reconocer que la actuación decidida y llevando la interpretación de la norma de la forma más favorable para los intereses de los usuarios del Consejero de Economía y Empleo fue una de las causas principales de esta nueva situación.