Los Estados Miembros de la Unión Europea -gracias sobre todo al impulso de las directivas comunitarias- están liberalizando ciertos servicios públicos que generalmente se gestionaban en régimen de monopolio público.

Los sectores más importantes aludidos en este proceso son las telecomunicaciones, el servicio postal, la distribución de la energía eléctrica y de gas, los transportes, etc...

Esta apertura de la competencia debe permitir al consumidor elegir entre varios proveedores de servicios y beneficiarse de unos mejores precios y prestaciones. La elección debe ser lo más completa posible, teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de preservar un servicio universal (es decir el acceso para todos a ciertas prestaciones esenciales, de calidad y a un precio asequible).

Un modelo de competencia sin ningún contrapeso, no sería aceptable en este ámbito, dada la importancia de los servicios en cuestión y dado que no podría garantizar, a pesar del interés público, la satisfacción de todos los consumidores o el control de la calidad del servicio prestado.

Sin embargo, hay que procurar que el principio del servicio universal no lleve a la antigua empresa monopolística, a mantener una presencia dominante, que sería perjudicial para el libre ejercicio de la competencia y contrario al principio de la liberalización.

1. La liberalización de los servicios públicos debe permitir al consumidor, beneficiarse de la competencia en el suministro de estos servicios en términos de precios y prestaciones.

Todos precios de los servicios públicos liberalizados o no, deben respetar el principio de transparencia.

2. Las ventajas de la liberalización deben favorecer a todos los consumidores (no únicamente a los consumidores profesionales), desde el inicio del proceso de liberalización, aunque dicho proceso se desarrolle de manera gradual.

3. La liberalización debe gestionarse, evitando que los antiguos monopolios permanezcan en una situación de posición dominante en relación con sus competidores. Para ello, es necesario que cualquier entidad que gestione el suministro de un servicio, tenga acceso a la red de distribución en unas condiciones equitativas.

4. Cada operador tendrá que respetar las reglas generales establecidas por la normativa del sector. Es necesario que una autoridad independiente, representativa de los intereses de los consumidores, vele por el respeto de las normas de competencia y que se prevean sanciones, en caso de falta de respeto a los estándares de calidad establecidos a priori.