Los próximos meses van a ser cruciales para la liberalización de ciertos sectores muy importantes para los consumidores. En efecto, el proceso de liberalización, en principio favorable a los consumidores, se ha visto frenado a menudo por los Estados Miembros. Se trata de los mercados de telecomunicaciones, electricidad, gas y del sector de correos.

En lo que a las telecomunicaciones se refiere, la Comisión Europea presentó, el pasado mes de julio, cinco proposiciones de directivas, encaminadas a profundizar en la liberalización del sector y a adaptarla a las permanentes evoluciones técnicas. Estas proposiciones deben ahora recorrer un largo camino legislativo, donde las organizaciones de consumidores encontrarán la oportunidad de pronunciarse.

En materia de electricidad, la directiva 96/92/CE liberalizó ya una parte del sector. Sin embargo, tal y como lo demuestran nuestros estudios comparativos en Europa, esta desregulación beneficia sobre todo, de momento, a los operadores industriales y tiene muy poco impacto sobre la factura y los servicios destinados al consumidor doméstico. Podemos incluso preguntarnos si, en ciertos países de la Unión, el consumidor doméstico no está pagando los efectos de la liberalización, beneficiando de esta manera sobre todo a los grandes consumidores industriales.

En cuanto al sector del gas, la primera fase de liberalización, conforme a la directiva 98/30 CE, tuvo lugar en agosto pasado. Sin embargo, esta primera fase concierne únicamente a los consumidores industriales. Aquí también, los consumidores domésticos deberán esperar.

Finalmente, el sector de correos está también a la espera de una nueva fase de liberalización. En efecto, la Comisión adoptó, el pasado mes de mayo, una proposición de directiva -COM (2000) 319 final- que modifica la directiva 97/67/CE y que tiene como objetivo acelerar la liberalización del sector. Aquí también, el recorrido legislativo será largo y las ocasiones para pronunciarnos serán numerosas.

Es cierto que los diferentes sectores que acabamos de mencionar, pueden parecer relativamente heterogéneos. Sin embargo, tratándose de un mismo movimiento de liberalización y de sectores esenciales en la vida cotidiana de los consumidores, resulta primordial determinar ciertas prioridades, encaminadas a que los consumidores puedan disfrutar de unos servicios de calidad, a un precio razonable e independientemente del territorio de la Unión en el que se encuentren. En este sentido, nuestra labor, sobre todo en base al respeto del servicio universal, debe centrarse, principalmente, en la defensa del interés de los consumidores más débiles.

Esperamos que la liberalización aporte una calidad de servicios al menos equivalente y a un precio más ventajoso, gracias a la competencia.

1. Hay que acelerar urgentemente la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones, de la electricidad, del gas y de correos, con el fin de favorecer (principalmente en términos de calidad de servicios a un precio aceptable) a los consumidores residenciales.

2. En ningún caso podrá aceptarse una mayor liberalización que favorezca a los consumidores profesionales y que sea financiada por los consumidores domésticos, a través de un aumento de los precios o una disminución de la calidad de los servicios prestados.

3. Esta aceleración de la liberalización está justificada en mayor medida, por el hecho de que los operadores históricos ya rentabilizaron plenamente las inversiones relacionadas, principalmente, con las herramientas de producción y de distribución. Hoy en día, es inaceptable que las situaciones de "cuasi-monopolio" de las que estos operadores disfrutan todavía en algunos sectores, produzcan efectos negativos para los ciudadanos tanto en materia de precios como en la calidad de los servicios.

4. Es por lo tanto necesario que unas autoridades independientes (donde deben representarse los intereses de los consumidores) dotadas de un verdadero poder de intervención, velen por el respeto de las reglas de competencia y que se prevean sanciones en caso de violación de los estándares de calidad oficialmente determinados.

5. El acceso a los servicios y a los bienes de consumo, previamente citados, es esencial en términos de dignidad humana, incluso en ciertos casos, de supervivencia, para los consumidores. En este sentido, es evidente que la obligación del servicio universal debe acompañar necesariamente todo proceso de liberalización.

6. Por servicio universal, debe entenderse un conjunto de medidas encaminadas a garantizar a todos, el acceso a ciertas prestaciones básicas y en las condiciones siguientes:
- accesibilidad en términos de precio y de situación geográfica;
- calidad y transparencia del servicio;
- continuidad del servicio;
- seguridad del servicio;
- transparencia contractual.

7. El estricto respeto de la aplicación del servicio universal (ya lo preste el operador histórico y/o unos operadores nuevos) debe estar garantizado necesariamente por la legislación europea.