La OCU recurre la nueva composición del Consejo de Consumidores

Estas son algunas de las declaraciones manifestadas por las organizaciones y que, según la OCU, pueden ser falsas o al menos muy dudosas:

La suma de las 15 declaraciones concurrentes implica que en España hay 3.605.951 socios. Sin embargo, siete de las 10 organizaciones generalistas seleccionadas necesitan, cada una, más de un 73% de sus recursos procedentes de dineros públicos. Que casi el 10% de los españoles participe (con sus familias) en este movimiento es, con toda probabilidad, falso.

La media de las cuotas que esos socios pagan a sus asociaciones cada año es, sin considerar a los de la OCU, de 0,60 €, es decir, apenas el coste de una barra de pan; hay una asociación cuya media de cuota anual, según lo certificado, es 0,01 €.

Una Asociación de Cantabria (534.915 habitantes), integrada en una unión de ámbito nacional, declara, y la Comisión de Valoración lo acepta, 146.807 socios, lo que quiere decir que casi en cada hogar cántabro existe un socio de esa organización (esos socios constituyen el 43% de la totalidad de los socios de esa unión).

Una Federación declara 3 direcciones como domicilio de 9 de sus asociaciones.

Una Asociación declara haber iniciado en el último año casi 400 acciones judiciales en defensa de los intereses de los consumidores sin aportar una relación de las mismas.

Una Asociación autonómica contabiliza 17.968 socios sobre la base de multiplicar por 4 (se supone que los miembros de la familia) los 4.219 socios que dice tener.

Dos Asociaciones, una de ellas en la órbita del PP, han conseguido en algo más de un año superar la nada despreciable cifra de 200.000 socios.

Una asociación de usuarios de la salud declara como sedes de atención a los consumidores, direcciones que lo son de oficinas de farmacia.

Por otra parte, la OCU ha tachado de arbitraria y sectaria la forma con la que el Instituto Nacional del Consumo ha interpretado los criterios de la ley. Por ejemplo:

En cuanto al número de socios no se ha establecido ninguna distinción entre los socios cotizantes (que pagan periódicamente una cuota), los simpatizantes o adheridos (que no asumen ningún compromiso económico con la asociación) y los socios en "colectivos" (dudosa figura que hace sumar a una organización de consumidores, por ejemplo, los trabajadores de un sindicato con el que se ha firmado un acuerdo).

En cuanto a los recursos económicos de las asociaciones, se ha valorado por igual a una organización de consumidores que se financia casi exclusivamente con las aportaciones de sus socios que a otra que recibe casi el 100 % en ayudas públicas.

Como ejemplo de arbitrariedad, el INC no acepta, por ejemplo, los 350.000 socios que una Federación pretendía incluir como tales, fruto de un acuerdo con una asociación de minusválidos, o los 175.000 socios, todos los habitantes de una localidad madrileña, fruto de otro acuerdo de una asociación con su corporación municipal; pero sí acepta que una Asociación andaluza, integrada en una Federación nacional, certifique tener "más de 138.000 socios" en 66 "socios colectivos", o que una Asociación cántabra declare 142.284 socios en virtud de convenios firmados con Sindicatos, Estudiantes y Comunidades de Propietarios.

Se da el mismo valor a todas las sedes de atención a los socios, cuando detrás de una de ellas (que declara 4.219 socios) no hay más que un Apartado de correos y un teléfono móvil para "atender" a los consumidores.

Para determinar que la OCU es la tercera asociación de consumidores menos representativa de España, el Instituto Nacional del Consumo ha ponderado por igual la edición de 5 folletos, al margen de su tirada, que la edición y envío de los casi 5 millones de revistas de consumo de la OCU. No es de extrañar que con esta "decisión descaradamente arbitraria y sectaria", según se señala en el recurso, el INC le dé a la OCU en este capítulo 1,93 puntos sobre 100.

Tampoco se ha valorado el número de visitas que recibe cada página web de las asociaciones de consumidores sino, sólo, la declaración de su existencia, estén o no activas.

Aunque la ley dice que para determinar la representatividad de las organizaciones se tendrá en cuenta "el modelo asociativo de cada organización", el Instituto Nacional del Consumo no lo ha hecho. De este modo se ha discriminado gravísimamente el modelo de la OCU, que al ser de carácter unitario, con una única sede en Madrid pero con socios en toda España, no recibe ningún punto en los criterios de implantación territorial (sedes abiertas y participación en Consejos de consumo de ámbito inferior al estatal).

Por todo ello la OCU ha pedido al Presidente del INC, Pablo Vázquez Vega, que se revise el Acuerdo de la Comisión de Valoración, que se verifiquen fehacientemente los datos aportados por todas las organizaciones concurrentes y se proceda a una nueva selección y clasificación por su representatividad. Por último, si se aprecia falsedad en la documentación aportada, la OCU ha solicitado al INC que tome las medidas legales oportunas.

Para más información contactar con Ileana Izverniceanu
Tfno.: 91 300 00 45 -  ileana@ocu.org.