Definición del problema

La ausencia de confianza y la creciente falta de interés con respecto a las Instituciones son fenómenos comunes en la opinión pública de todas las modernas democracias occidentales. El problema, en lo que afecta a la Unión Europea, resulta agravado actualmente por la complejidad con que actúan las Instituciones comunitarias, y con frecuencia éstas se perciben como inexistentes por el ciudadano medio.

Por tales razones la Comisión Europea - ya a principios del año 2000 - había establecido en el documento programático 2000-2005 que la reforma de la gobernanza era uno de sus cuatro objetivos prioritarios. Ahora la Comisión ha publicado un Libro Blanco mediante el cual propone una serie de acciones iniciales y da comienzo a una consulta sobre los procesos y comportamientos que influyen en la manera según la cual se ejercen las competencias en el ámbito comunitario.

El Libro Blanco consta de cuatro partes:

1. ¿por qué reformar la gobernanza europea?
   
   

2. principios de una buena gobernanza;
   
   

3. cambios propuestos: a) desarrollar la participación; b) mejorar las políticas, las reglamentaciones y la difusión de las mismas; c) contribución de la Unión Europea a la gobernanza global; d) definir nuevamente las políticas y las Instituciones europeas;
   
   

4. de la gobernanza al futuro de Europa.

Los principios de referencia indicados por la Comisión para establecer una gobernanza más democrática son: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.

Hacia finales de 2002 la Comisión presentará un informe sobre los progresos realizados y sacará las conclusiones de la consulta. De esta forma, la revisión de la gobernanza abrirá el camino hacia la próxima Conferencia Intergubernamental, con vistas a eventuales modificaciones del Tratado.

Las observaciones que manifestamos a continuación se centran en los temas del Libro Blanco que son más importantes para los consumidores.

Posición Común (ABC, AC, DECO, OCU)

En cuanto asociación de consumidores, acogemos favorablemente la iniciativa de la Comisión dirigida a implicar con mayor eficacia a los ciudadanos y a las organizaciones que representan a la sociedad civil, en los procesos de elaboración y realización de las políticas de la Unión Europea. Sin embargo, es preciso advertir ya desde ahora que las acciones propuestas por el Libro Blanco parecen en muchos casos inadecuadas para alcanzar las metas expuestas.

Además, debe quedar claro que la reforma de la gobernanza europea no puede y no debe significar un cambio total en los métodos comunitarios. El hecho de que los representantes de la sociedad civil participen más intensamente en la creación de políticas y reglas comunitarias no deberá, por tanto, cambiar el papel de las Instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) destinadas a garantizar el mantenimiento del sistema democrático.

En este sentido, si bien es cierto, por un lado, que recurrir más ampliamente a la correglamentación puede garantizar, en principio, un cumplimiento más estricto de la reglamentación que resulte de aquélla (puesto que en la práctica son las partes más implicadas las que dan lugar a su elaboración), por otro lado - sin embargo - la correglamentación no puede convertirse en el modelo estándar o preponderante de creación de las normas. Por el contrario, hay que delimitar los casos en que dicho modelo puede ser aplicado, de tal manera que - cada vez - la correglamentación pueda entrar en un esquema institucional preciso, en cuyo ámbito sea asignada a las autoridades públicas la tarea de garantizar la obligatoriedad y el carácter ejecutivo de la misma.

Por otra parte aplaudimos los esfuerzos de la Comisión para dar un mayor desarrollo al sitio web www.europa.eu.int, con el fin de permitir a los ciudadanos un acceso más fácil a las reglamentaciones y a las políticas comunitarias. Sin embargo, en lo que se refiere con carácter más general a las bases electrónicas de datos (como, por ejemplo, el sistema comunitario RAPEX de intercambio rápido de información, utilizado para la seguridad general de los productos), su utilización debería reforzarse y ser más accesibles para las asociaciones de consumidores, con vistas a que éstas puedan comunicar directamente las eventuales informaciones y - por otra parte - conocerlas de inmediato.

Somos favorables al desarrollo y a una mayor transparencia de las actividades de consulta por parte de las Instituciones comunitarias, así como a la publicación de pautas sobre cómo consultar a los expertos. Por el contrario, nos oponemos a que el Comité Económico y Social se convierta en un canal privilegiado a través del cual los consumidores expresen sus intereses a la Comisión, porque en dicho Comité los intereses de los consumidores están necesariamente mediatizados por los de otros grupos de presión.

Por último, el hecho de que - junto con los demás principios de una buena gobernanza (todos ellos relacionados tan sólo con la mejora de los procesos de elaboración de las políticas comunitarias) - no se haya incluido un principio más importante, destinado a consolidar la confianza del ciudadano consumidor, es el síntoma de una carencia esencial en el enfoque del Libro Blanco. En efecto, sólo demostrando una efectiva voluntad de recuperar los retrasos en la realización del mercado único para los consumidores la Comisión puede reconstituir el pacto con los ciudadanos, en el que declara inspirarse.