Reforma hipotecaria: la OCU en el Congreso

El pasado día 13 de julio compareció en el Congreso de los Diputados el Director General de la OCU, José Mº Múgica convocado por la Comisión de Vivienda. El objetivo era presentar ante la Subcomisión encargada de la reforma hipotecaria las propuestas de la organización.

La OCU presentó una propuesta realista y equilibrada, huyendo de concesiones demagógicas. La crisis económica es una realidad y el sobreendeudamiento, un grave problema que afecta a miles de familias, que ahora ven que no sólo no pueden hacer frente al pago de la vivienda que, en su momento, compraron por medio de una hipoteca sino que el valor de esa vivienda es ahora inferior al préstamo que recibieron.

Todas las partes implicadas son responsables de la situación a la que se ha llegado: banca y entidades financieras, principales artífices de la burbuja con sus sobredimenesionadas valoraciones y la falta de control de las cantidades concedidas como préstamo; el propio Estado, que con beneficios fiscales ha alentado la situación a la que muchos se han visto abocados. Y también, por qué no, los propios consumidores, que tentados por las "facilidades" hemos dejado a un lado la prudencia. Pero no es tiempo de lamentaciones, ni de buscar culpables, sino de encontrar soluciones.

La crisis hipotecaria, un grave problema para los consumidores

Lo cierto es que, a día de hoy, quien haya comprado una casa con un préstamo hipotecario y no pueda pagarla, responde de esa deuda hipotecaria no sólo con la vivienda hipotecada sino también con el resto de su patrimonio, actual y futuro. Si la entidad financiera decide ejecutar la hipoteca, la situación se ve agravada por la falta de transparencia y eficacia del sistema de subastas. Y así, el consumidor pierde su casa y, muy a menudo, a seguir manteniendo con la entidad financiera una deuda que no siempre puede afrontar.

La OCU ha propuesto a los representantes de los distintos grupos parlamentarios, integrantes de la Subcomisión encargada de la reforma hipotecaria, una serie de propuestas concretas, que pasan por:

• Una nueva Ley Concursal.
• La reestructuración de la deuda.
• Una mayor transparencia, con más información al consumidor, contratos inteligibles y claros, con costes e implicaciones bien detallados.
• Mayor transparencia y claridad en el sistema de subastas.
• La intervención de los órganos reguladores en el control de los contratos que deben firmar los consumidores.
• Acabar con las cláusulas abusivas en los contratos.
• Crear un nuevo escenario para los préstamos hipotecarios, interpretando el artículo 140 de la actual Ley Hipotecaria en el que, para la OCU, ya se prevé la posibilidad de un pacto expreso de las partes en la limitación de la responsabilidad hipotecaria. No se trataría de adoptar la dación en pago con carácter general, sino de mantener diversas opciones al alcance del comprador que solicita un préstamo.

La OCU va a compartir con los miembros de la Comisión las demandas y quejas de los consumidores en este sentido. Y propone 5 grandes líneas de actuación.

Las propuestas de la OCU para mejorar la situación hipotecaria

La OCU propone actuar en cinco aspectos fundamentales:

• Adoptar medidas que permitan a las familias la reestructuración de sus deudas hipotecarias y de otra naturaleza con el fin de evitar situaciones de insolvencia, si tal es posible. Para ello es preciso flexibilizar los trámites que permitan esa reestructuración. A juicio de la OCU es necesario permitir el entendimiento entre las familias y las entidades financieras para incorporar nuevos planes de amortización, periodos de carencia, aplazamiento o escalonamiento de deudas, etc.
• Es preciso permitir a los consumidores, una vez justificada su insuficiencia de rentas, establecer un periodo de demora con un interés tasado (no superior al legal del dinero) de forma que se permita al consumidor rehacer su vida económica sin tener que hacer frente a intereses elevados. Para ello, las entidades financieras deberían renunciar a los intereses de demora (los consumidores están soportando tipos que exceden el 20%), pero también se beneficiarían al no tener que declarar en mora ni ejecutar las garantías hipotecarias.
• Para evitar situaciones de abusos, habría que establecer la obligación de que las entidades financieras, antes de proceder a la ejecución de la deuda hipotecaria, presenten un plan de reestructuración familiar. Si no es posible hacer frente a este plan temporal de reestructuración, la familia no tendría más remedio que afrontar de forma definitiva la insolvencia.
• Sería necesario regular un sistema concursal específico para familias, Es fácil comprobar el escaso número de familias que se someten al concurso de acreedores por la excesiva rigidez del procedimiento y el elevado coste (abogado y procurador) que tienen para los afectados. La OCU ha reclamado un procedimiento concursal abreviado destinado a las familias, gratuito, que contemple la quita y espera y que asegure mediante tutela judicial efectiva la conservación en lo posible del patrimonio familiar o la ordenada liquidación del mismo.
• También sería necesario acometer una reforma urgente de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Las subastas judiciales, en su configuración actual no resuelven los problemas de las familias afectadas por la insolvencia, pero tampoco de las entidades financieras. El procedimiento actual permite la existencia de grupos de subasteros y profesionales codiciosos que desvirtúan la transparencia del procedimiento y lo encarecen. Es imprescindible evitar que desaprensivos sin escrúpulos sean los únicos beneficiados de la ruina económica de las familias.
• Finalmente, desde la OCU propugnamos la exención de los impuestos y tasas a quienes, previa acreditación de la insuficiencia de rentas, transmitan sus viviendas u otros bienes para poder arreglar, en lo posible, su situación financiera. De las misma manera que existen exenciones a algunos tributos en situaciones parecidas (disolución del condominio en separaciones o herencias) se deberían bajar los costes de transmisión a aquellas personas que por una situación de insolvencia sobrevenida se ven obligados a vender sus pisos.