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Los derechos del paciente son algo básico para el buen funcionamiento del sistema sanitario. Su fundamento es la idea de que los ciudadanos deben tener la mejor salud a la que puedan aspirar según las posibilidades que la medicina les ofrece, pero para ello deben estar informados acerca de su estado y conocer los servicios a su alcance.
Básicamente, los pacientes tienen derecho a:
Para saber si los ciudadanos están bien informados acerca de sus derechos, la OCU ha realizado una encuesta, cuyos resultados publica en el último número de su revista OCU-Salud.
Según se desprende de esta encuesta, los ciudadanos no conocen sus derechos en materia de salud tan bien como deberían: para los encuestados, hay cierta confusión en los derechos, falla la comunicación con el médico y, sobre todo, afirman que es muy difícil llevar esos derechos a la práctica. Para que se hagan una idea, 3 de cada 10 encuestados considera imposible acceder a una segunda opinión médica, y 5 más lo ven difícil. Y lo peor es que esta percepción no es infundada: según la encuesta, la mitad de los que intentaron obtener una segunda opinión no lo lograron. Y uno de cada dos pacientes piensa que firmar el consentimiento informado anula cualquier posibilidad de queja, aunque se cometen errores. No es extraño que la mayoría vea en este consentimiento informado una medida para proteger al equipo sanitario, cuando en realidad este documento es revocable y no exime a los profesionales de su responsabilidad en caso de que haya una mala actuación.
A juicio de la Organización de Consumidores y Usuarios, esta situación requiere una pronta mejora, por parte de las autoridades sanitarias. Éstas deberían esforzarse en dar a conocer mejor los derechos de los pacientes, para que los ciudadanos supieran con exactitud qué pueden pedir de la sanidad pública. Además, es preciso poner los medios para que los pacientes puedan poner en práctica lo que la ley les concede.
Por otro lado, urge acabar con las desigualdades de derechos sanitarios, para lo que la OCU propone elaborar un catálogo de derechos unificado que garantice la igualdad y la no discriminación por territorios.
La OCU ha trasladado sus demandas a la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.