Controladores: la OCU emprenderá acciones judiciales

Madrid, 4 de diciembre de 2010. Ante el incalificable comportamiento del colectivo de controladores aéreos que han superado todas las líneas rojas, la OCU entiende que no es momento de rebuscar adjetivos en el diccionario sino que lo que procede es exigir todas las responsabilidades con el fin de conseguir el resarcimiento de los gravísimos e irreparables perjuicios que cientos de miles de ciudadanos han padecido en el comienzo de este largo puente. Por ello ha decidido poner en marcha una doble acción ante los tribunales de justicia. Por un lado, una querella criminal contra aquéllos controladores aéreos que resulten culpables de este caos para lo cual solicitará por la vía judicial a Aena la identificación de los controladores que deberían estar en sus puestos de trabajo a lo largo de estos días, así como las causas aducidas para su ausencia. Por otro, un contencioso-administrativo contra Aena por entender que es el organismo responsable del correcto funcionamiento de los aeropuertos sin que un conflicto laboral, previsible, pueda ser considerado causa de fuerza mayor.

La OCU hace un llamamiento para que los ciudadanos que se hayan visto afectados por las consecuencias de la inaceptable actuación de los controladores guarden los billetes de los vuelos no realizados, pidan facturas y tiques de cuantos gastos deban hacer y no firmen ningún documento en el que renuncien al ejercicio de ninguna acción para el resarcimiento de sus derechos tan vilmente vulnerados.

La OCU, aunque apoya cuantas acciones inicie el gobierno para la solución de este problema y condena la actuación de un colectivo tan reducido pero consciente de su enorme poder, como ha quedado manifiesto, lamenta que esta situación previsible haya podido, finalmente producirse y que ambas partes, Gobierno y controladores no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo y evitar tan lamentables e injustas consecuencias para los pasajeros. La OCU vuelve a insistir en la necesidad de una adecuada regulación del ejercicio al derecho constitucional de la huelga que lo haga compatible con el derecho no menos constitucional (de hecho, recogido en el mismo artículo de la Constitución) al correcto funcionamiento de los servicios esenciales para la Comunidad.