La política de consumo en esta legislatura merece un suspenso absoluto

Según su Presidente, Carlos Sánchez·Reyes, "resulta muy difícil encontrar en los últimos cuatro años una sola decisión de gobierno que signifique un avance en el reconocimiento de los derechos de los consumidores, más allá de algunos retoques cosméticos en algunas normas. Pese a que todos se reconocen como consumidores, lo que parece evidente es que la política de consumo en España se sigue escribiendo con minúscula". El consumo parece ser un apéndice más o menos molesto que no se sabe bien dónde colocarlo (con Sanidad, con Economía, con Comercio ó en ningún sitio, si se tiene en cuenta la realidad de las distintas Comunidades Autónomas, gobernadas por partidos de todos los colores).

Hablar de política de consumo es hablar de vivienda, de seguridad alimentaria, de luz, gas, agua y teléfono, de transporte, de garantías, del movimiento de consumidores…, es decir, de lo que constituye la trama de la vida cotidiana de los ciudadanos llamados ahora a votar.

A juicio de la OCU, pocos elementos de juicio que inciten al optimismo se pueden encontrar en lo que se conoce hasta ahora de los programas electorales de los partidos sobre su política de consumo. Todo parece indicar que no es un ámbito de su especial preocupación, aunque parece que queda bien hacer alguna referencia genérica a la protección de nuestros derechos de consumidores. Pero sin mojarse demasiado ni entrar en concretar qué medidas se van a tomar para evitar la escalada del precio de la vivienda, para hacer que la competencia sea una realidad en los sectores liberalizados (agua, electricidad, gas, teléfono y carburantes), para garantizar la seguridad de los alimentos o para potenciar el desarrollo de un movimiento de consumidores fuerte y participativo. Todo queda en declaraciones de buenas intenciones con lugares comunes que hace imposible diferenciar la política de consumo de las distintas propuestas que concurren a las Elecciones Generales.

Como ya hiciera en 2000, la OCU ha establecido las prioridades que un partido político debería atender para conseguir que se pueda hablar de una política de Consumo que gravite en torno a los intereses de los consumidores y que se recogen en el documento "Por una Política de Consumo con mayúscula" que la OCU ha enviado a los candidatos que optan a gobernar España. Estas prioridades, sin que el orden en el documento indique su nivel de importancia, son las siguientes:

1. Establecer un ámbito de responsabilidad independiente y suficiente

La OCU pregunta a los candidatos ¿por qué no un ministerio de Defensa del Consumidor, como ya existe en algunos países europeos? Puestos a soñar, ¿por qué no un adjunto a la Presidencia del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, con responsabilidad en materia de consumo y con capacidad de actuar ante los ministros de los ámbitos que afecten a los consumidores desde un nivel de igualdad en rango? Sólo así el mandato constitucional de garantizar "la defensa de los consumidores… mediante procedimientos eficaces" (art. 51.1) podrá empezar a ser cumplido.

2. Potenciar el asociacionismo de los consumidores

A juicio de la OCU, potenciar el movimiento de consumidores exige a) poner en marcha mecanismos de información y formación con la utilización de la fuerza de los medios de comunicación pública, b) ofrecer a las asociaciones de consumidores existentes la posibilidad de utilizar algún espacio en los medios de titularidad publica, para promover la captación de socios, que es mucho más eficaz que la entrega de subvenciones a fondo perdido, c) mantener un constante diálogo adulto con los consumidores a través de cauces creíbles y rigurosos y d) fijar pautas para la educación en materia de consumo a lo largo de todo el currículo educativo de los consumidores más jóvenes para que acaben sus estudios con un bagaje básico de formación en materia de consumo.

3. Crear un órgano de representación de los consumidores independiente y autosuficiente

Un Consejo debe ser, ante todo independiente y representativo. Además debe estar al margen del color del partido que, en cada momento, gobierne. Los intereses de los consumidores son los mismos sea cual sea ese color y su carácter representativo no se alcanzará incorporando a cualquier asociación que afirme defender los intereses de los consumidores sino sólo a aquéllas que demuestren que ése es su auténtico objetivo social, que gozan del reconocimiento social, que cuentan con socios reales y que son independientes.

4. Controlar previamente los contratos de adhesión

Los poderes públicos deberían velar, con un control previo, para que dichos contratos, antes de ser impuestos a los consumidores no contuvieran esas cláusulas que, a tenor de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), son ilegales. La realidad es bien distintas: para conseguir el equilibrio en estos contratos de adhesión hay que ir uno por uno y emprender largos y penosos procedimientos judiciales de final incierto, en la medida en que depende de la interpretación de la norma que hagan los jueces en cada una de las instancia que deban entrar a conocer el proceso.

5. Instaurar un procedimiento de solución de problemas de consumo rápido y vinculante

Aunque la reciente reforma de la Ley Procesal ha abierto nuevas vías, de indudable interés para los asuntos de pequeña cuantía entre los que figuran, con frecuencia, los temas de consumo, judicializar el consumo no es, por supuesto, el camino más deseable. Según la OCU sería necesario que al arbitraje, que es un procedimiento rápido y gratuito para la solución de los conflictos en el ámbito del consumo, se añadan elementos que, de facto, induzcan a su aceptación incondicional para el reclamado.

6. Regulación del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad

El reconocimiento que hace la Constitución del derecho de huelga, que la OCU no cuestiona, tiene un límite: "Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad" (art. 28.2). Resulta obvio que la regulación actual no cumple esta exigencia constitucional y que los servicios mínimos, que se establecen con ocasión de las huelgas en esos sectores y cuyo incumplimiento no conlleva ninguna consecuencia para los incumplidores, se han revelado como absolutamente insuficientes.

7. Auténtica Competencia en los servicios de interés general liberalizados

La OCU entiende que deben reforzarse las competencias y el carácter independiente de los órganos reguladores de los mercados liberalizados y que en éste como en otros ámbitos deben potenciarse las funciones del Servicio de la Competencia, dotándole de medios suficientes, agilizando sus actuaciones y dando un carácter ejecutivo y ejemplarizante a sus resoluciones.

8. Abrir el comercio y liberalización Comercial

Sin duda, la libertad de horarios comerciales es una asignatura pendiente, especialmente en este año 2004 en que se cumple el plazo establecido al respecto por la actual legislación. Siempre que haya un consumidor que quiera comprar y un comerciante que esté dispuesto a vender, el encuentro debe ser posible. Pero la liberalización de apertura que exige la OCU no se reduce al ámbito del comercio; también a múltiples servicios, como los de la Administración y los financieros, donde acuerdos sectoriales pueden llegar a considerarse restrictivos de la competencia; que los horarios de apertura se ajusten a las conveniencias y necesidades de los consumidores.

9. Facilitar el acceso a la vivienda

El art. 47 de la Constitución no es, al parecer, una prioridad para los aspirantes a gobernar a partir del mes de marzo: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Luchar contra la especulación y poner en marcha un Plan de Vivienda eficaz y evaluable que ayude a acceder a una vivienda (en régimen de alquiler o propiedad) a los consumidores más jóvenes debe ser, a juicio de la OCU; una de las prioridades de un gobierno atento al mandato incumplido de la Constitución y a los intereses del Consumidor.

10. Atender a la Seguridad Alimentaria

Es urgente el desarrollo de la capacidad de gestionar adecuadamente las posibles crisis alimentarias pero, sobre todo, de dotar a la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASA), de reciente creación, de medios suficientes y de independencia y de capacidad de decisión en un ámbito cuyo interés para los consumidores es prioritario. La ASA no debería ser, según la OCU, un órgano dependiente de ninguna opción política, en la medida en que la seguridad alimentaria y las exigencias para garantizarla es la misma sea cual sea la propuesta política que realice un partido y dependen de la naturaleza del riesgo en cuestión.

11. Racionalizar el uso de los medicamentos

Más allá de las medidas de índole económica para reducir el coste farmacéutico, la OCU urge a poner en marcha medidas que impliquen a todos los protagonistas: médicos, farmacéuticos y usuarios de la sanidad, no sólo porque una adecuada relación con los medicamentos es el camino más seguro para ese ahorro sino porque es una respuesta a la necesidad de una adecuada formación sanitaria.

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