La OCU: por una política de consumo con mayúsculas

Seguridad Alimentaria. Con demasiada frecuencia llegan a las primeras páginas de la actualidad hechos relacionados con la alimentación y la salud que generan la alarma social y que ponen de manifiesto un preocupante descontrol por parte de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de los alimentos que llegan al consumo humano. Se impone la creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria con competencias y capacidad de control en todo el ámbito nacional .

Protección de la salud. Sin entrar en la cuestión acerca del modelo de gestión, que la OCU entiende que corresponde a cada partido proponerla, una de las más urgentes necesidades de los usuarios de los servicios de salud es conseguir una adecuada formación sanitaria que le ayude a asumir su responsabilidad en su propia salud, a mantener una correcta relación con los medicamentos, especialmente, con los antibióticos y afianzar la política de medicamentos genéricos. La realización de campañas para obtener esa formación sanitaria y el compromiso de todos los profesionales para conseguir un uso racional del medicamento deben ser objetivos prioritarios.

Liberalización con competencia. Los procesos de liberalización de los servicios se vienen produciendo en las peores condiciones para los consumidores: sin competencia. Así es el la parte principal del servicio telefónico, en el que las llamadas metropolitanas siguen siendo exclusivas de Telefónica por el elevado coste de las cuotas de conexión para los demás operadores; en la distribución de la energía eléctrica, que los consumidores pagan muy por encima de su coste de producción subvencionando a los grandes consumidores; en el sector del gas, en el que la ausencia de competencia incide no sólo en el precio del servicio sino también en el eléctrico; o en el sector de los derivados de los hidrocarburos, en el que una inaceptable paz de precios hace que el precio suba sin ningún control, trasladando de inmediato los incrementos en los costes de las materias primas y no así las bajadas, en cantidades que no justifican. De la misma manera, los recientes procesos de concentración de poder en sectores estratégicos obligan a un particular control para evitar posiciones. Tomar partido por la competencia, potenciando y dando atribuciones al Tribunal de su Defensa y tomando medidas concretas que protejan al pequeño frente al poderoso es una medida demasiado urgente como para admitir más dilaciones.

Protección frente a los posibles abusos de las nuevas tecnologías . Las ventajas de las nuevas tecnologías no admiten ninguna reserva. Sin embargo, el consumidor se ve sometido a los avatares de un mundo en el que los avances tecnológico van a gran velocidad mientras que la protección de sus derechos lo hacen con extrema lentitud lo que provoca una preocupante situación de inferioridad que se traduce en una profunda desinformación y en una grave indefensión: avances en las comunicaciones, en el comercio electrónico, en los servicios bancarios virtuales, etc.

Cláusulas abusivas. Los consumidores y usuarios deben firmar con excesiva frecuencia contratos de adhesión que están plagadas de cláusulas desequilibradas y abusivas y que, por ende, deberían ser consideradas como no puestas e ilegales. La revisión previa de estos contratos, con participación de las asociaciones de consumidores se impone, pues.

Sistema de resolución de los problemas de Consumo. Unos de los problemas más graves de los consumidores s la resolución de la mayoría de sus problemas relacionados con los cotidiano, con el consumo. El Sistema Arbitral de Consumo es eficaz siempre que la parte reclamada se someta a él. Desgraciadamente muchas de las grandes empresas de servicios no se someten a él con lo que a los usuarios no les queda otra alternativa que acudir, si quieren y les compensa, a la vía judicial. Es el caso de muchas entidades bancarias, compañías aseguradoras, promotoras y constructoras o compañías de transporte aéreo, por ejemplo. Hay que dinamizar la aplicación del procedimiento rápido y vinculante previsto en la nueva Leypara todos los asuntos relacionados con los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores .

Potenciación del Movimiento de los Consumidores. Entre las las promesas generales de todos los partidos figura siempre la potenciación de las asociaciones de consumidores. En su inconcreción está la manifestación de la actitud de los partidos frente al movimiento de los consumidores. De hecho, la actual política de subvenciones, lejos de potenciar un movimiento fuerte de consumidores ha creado una nefasta atomización del mismo. Y no es a base de dinero como se consigue ese fortalecimiento. En el proceso de globalización que vivimos y en el desarrollo tecnológico en el que estamos, urge establecer medidas concretas para que las asociaciones de consumidores cobren la fuerza suficiente para que su voz sea oída en todos los foros de la vida social. Para ello, además de medidas estimuladoras del asociacionismo (como desgravación fiscal de la cuotas), en necesario dar fuerza al Consejo de Consumidores y Usuarios para que sea realmente representativo del movimiento consumidor.

Acceso a los medios de comunicación de titularidad pública. Una de las responsabilidades históricamente no asumidas por los partidos políticos y, a la vez, una exigencia legal nunca satisfecha es la promoción de espacios en las televisiones y emisoras de radio de titularidad pública sobre materias de consumo, como medio de informar, formar y proteger a los consumidores .

Armonización nacional. En la actualidad algunas competencias legislativas y las competencias de inspección, control y sanción en materia de consumo están en manos de las Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas. En muchas ocasiones el órgano de coordinación entre las mismas, la Conferencia Sectorial de Consumo, ha visto reducida su influencia y su capacidad de coordinación debido a los distintos ámbitos de competencia determinando niveles distintos de protección para los consumidores en función de la Comunidad de Residencia. Es preciso establecer una coordinación en materia de politica de consumo, a través de un organismo representativo, eficaz y competente, con capacidad para acordar conjuntamente programas efectivos, sancionando a las Comunidades Autónomas incumplidoras de los mínimos .

Régimen administrativo de sanciones. En la actualidad no es posible dar publicidad a los resultados de las inspecciones, periódicas o esporádicas de la Administración Pública, ni a las sanciones impuestas como consecuencias de las mismas. Esto determina que el efecto disuasorio del sistema para quienes abusan de los consumidores se reduce drásticamente. Un régimen de procedimiento administrativo excesivamente garantista para el infractor permite que situaciones gravemente perjudiciales para los consumidores se resuelvan en multas cuyo importe, incluso, puede aquél incluir en su cuenta de resultados porque ése el único riesgo que tienen que asumir. Es preciso modificar la normativa para hacer que los consumidores puedan acceder a los resultados de los procedimientos administrativos firmes y conozcan quiénes son los que abusan de su confianza.