La OCU pide a Aznar la destitución de la Directora General de Consumo
Por la selección arbitraria y sectaria de la representación de los consumidores
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es el órgano de participación de los consumidores en los trámites de audiencia de las leyes que les afectan y en las distintas comisiones sectoriales donde están presentes. Recientemente se ha procedido a renovar los vocales del CCU. Para ello se ha establecido un ranking de representatividad que discrimina de manera arbitraria y sectaria a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La OCU entiende que ha sido marginada intencionadamente con la aplicación de criterios “objetivos” sea por sectarismo o como consecuencia de una enorme torpeza. Debido a lo que considera un inútil afrenta a la asociación y a sus socios, el Consejo de la OCU se ha dirigido al Presidente de Gobierno para manifestarle su protesta y pedirle la desautorización y, por lo tanto, la destitución de la Directora General de Consumo y, en la medida en que han participado en esta decisión, las del Subsecretario y de la Ministra de Sanidad y Consumo.
La OCU considera que este tema no es baladí ya que sólo con el desarrollo de un movimiento de consumidores fuerte e independiente la voz de los consumidores podrá hacerse llegar a todos los ámbitos donde sus derechos deben ser respetados. Lamentablemente, y pese a sus promesas, las autoridades en materia de Consumo parecen apostar por un movimiento atomizado, dependiente de las subvenciones y sin capacidad para la eficacia, por lo que los criterios “objetivos” utilizados para constituir el nuevo CCU discriminan a aquellas asociaciones, como la OCU, que han optado por un modelo análogo al de las grandes asociaciones del mundo occidental y no por una confederación o federación de pequeñas asociaciones dependientes de las ayudas oficiales.
Situar en octavo lugar a la OCU, por delante tan sólo de dos asociaciones de reciente creación, como ha hecho la Comisión que ha valorado la representatividad de las distintas asociaciones de consumidores que han presentado su candidatura a pertenecer al CCU, no puede tener otro objetivo que el de pretender despojarla de la representatividad que su historia, su número real de socios, sus actuaciones y su presencia en la sociedad le otorgan. Esta resolución es una clara invitación a abandonar ese órgano de participación de los Consumidores. El gobierno es muy libre de elegir a sus consejeros, pero no de hacerlo desde la discriminación sectaria, frente a una organización que hasta ahora había venido asegurando una representación cualificada de los consumidores en múltiples órganos consultivos de la Administración Central. Por eso la OCU ha anunciado su decisión de no estar presente en el nuevo CCU, lo que lleva consigo su abandono, también, del CES, la AESA, la CNMV,..... así como el Comité de Consumidores de la Unión Europea, donde representaba al anterior CCU.
Los cuatro criterios “objetivos” utilizados para la valoración de la representación de las asociaciones de consumidores han sido: el número de socios, las actividades de formación e información desarrolladas, la implantación territorial y la participación en los Consejos de Consumidores de ámbito autonómico y local. La Comisión de valoración decidió que se otorgaría el mismo valor a cada criterio. Esto, pese a que el Real Decreto exige que se tenga en cuenta el modelo asociativo de cada organización, implica una gravísima discriminación al modelo unitario de la OCU que en los dos últimos criterios no podía obtener ninguna puntuación, con lo cual salía ya en clara desventaja. Aplicando esa ponderación de los criterios, las cinco principales asociaciones de consumidores del mundo (Consumers'Union, Consumers'Association, Test Achats, Consumentenbond y VKI) no serían apenas representativas en sus países (EEUU, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Austria, respectivamente).
En la aplicación de los criterios, la Comisión de valoración comete otra serie de arbitrariedades que constituyen un claro atentado al sentido común. Así:
La representatividad de una asociación es un valor que depende del reconocimiento social conseguido a través de su historia por sus actuaciones, el prestigio, el rigor y la profesionalidad de sus integrantes. Limitar a un año el periodo para la validez de los “méritos” de las asociaciones sólo se entiende por la voluntad de favorecer a asociaciones de reciente creación, especialmente, vinculadas al PP.
El número de socios reales (sean cotizantes o no) es uno de los indicadores de la fuerza de una asociación. Que la suma de los socios declarados por las asociaciones aspirantes al CCU se acerque a los 4 millones de familias es un dato suficientemente sospechoso en sí mismo como para poner en marcha un proceso de comprobación serio, auditoria incluida.
Resulta muy difícil entender con criterios de racionalidad que la publicación y el envío de 5 millones de revistas y boletines de las 5 publicaciones de la OCU tengan el mismo peso en la valoración que la edición de 5 folletos o trípticos sea cual sea su tirada.
Igualmente, es incomprensible que a la hora de valorar la representatividad y presencia en la sociedad de la organización nada valgan los más de 6.000 impactos en medios de comunicación contabilizados por la OCU en 2003 (en prensa escrita, radio y televisión); como tampoco puntúa el hecho de que, domingo tras domingo, la OCU tenga a su costa el primer programa de televisión sobre consumo que se emite a través de 85 emisoras de televisiones locales, con las de 8.000 pases a lo largo del año. Como tampoco otorga ningún punto éxitos como la sentencia en el contencioso administrativo contra AENA (con responsabilidad patrimonial del Estado).
Las páginas web valen todas por igual, sea cual sea el número de visitas y la calidad que tengan. La de la OCU tuvo en 2003 más de 1.300.000 visitas.
A la luz de estos razonamientos, la OCU entiende que se han interpretado todos los criterios con la única voluntad de discriminarla como asociación representativa y de mantener un movimiento de consumidores atomizado, controlado a través de las subvenciones e “inflado” ficticiamente en sus dimensiones. La OCU entiende que no cabe ignorancia en quienes han realizado las valoraciones y quienes las han aprobado. Sea por una voluntad positiva de minimizar el papel de la OCU en la sociedad, sea por incompetencia, la destitución de la Directora General y la desautorización de quienes han hecho suyas sus decisiones está plenamente justificada. Y eso es lo que ha pedido la OCU al Presidente de Gobierno.
