La OCU considera insuficiente la reforma hipotecaria que plantea el gobierno

La OCU comparte la necesidad de modificar la legislación en materia hipotecaria para aportar una mayor transparencia y flexibilidad al mercado hipotecario. Además considera positivo el intento por parte de la Administración de abaratar y facilitar los cambios de hipoteca, de forma que los consumidores puedan defenderse mejor ante una subida de tipos de interés.

Pero el Anteproyecto no afronta problemas reales que afectan a los consumidores a la hora de contratar una hipoteca y no se regulan en el mismo:

• En la práctica el consumidor tiene dificultades para elegir notario, sociedad de tasación y gestoría. Por tanto se deberían controlar y limitar los costes que estos servicios tienen para los usuarios, en especial los relacionados con la gestión que a juicio de la OCU hoy en día resultan desorbitados.
• Es necesario extender toda la regulación de los préstamos hipotecarios a los créditos con garantía hipotecaria y a cualquier otro instrumento de financiación con garantía hipotecaria. De esta forma se podría evitar lo que ocurre en la actualidad cuando las entidades ofrecen créditos en vez de préstamos para eludir las obligaciones con el usuario, en especial las relacionadas con la subrogación.
• La cancelación registral de las hipotecas es un mero trámite formal que pocos consumidores hacen por los elevados gastos que tiene. La Ley debería regular esta cuestión, estableciendo un procedimiento de caducidad registral ventajoso para el consumidor.
• La ley, además, debería evitar expresamente la imposición de costes al consumidor por operaciones que son obligación de las entidades financieras (cobros por documentos de liquidación de pagos o modificaciones de hipotecas por operaciones societarias).
• Se debería regular, en la misma línea que la Ley del crédito al consumo, que en las hipotecas con consumidores no pudieran establecerse tipos de interés (ni de de demora ni de otro tipo) que sean superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero, máxime cuando estos préstamos cuentan con la garantía real del inmueble.
• Cuando el consumidor se subroga en el préstamo del promotor, en el contenido de la oferta vinculante debería incluirse la confirmación de que el consumidor lo ha elegido libremente, además de la aceptación expresa como deudor del comprador de la casa por parte de la entidad financiera y, por último, en todos los casos que el contrato de préstamo esta libre de cláusulas abusivas.

En definitiva esta ley debería suponer una firme apuesta por la liberalización y flexibilización del mercado, estableciendo un sistema más avanzado que redunde en menores costes para el usuario, como por ejemplo la adopción de modelos de contratos tipo, previamente formalizados y autorizados, con acceso directo al Registro, evitando de esta forma una burocracia lenta y cara que no hace sino dificultar aun más el acceso a la vivienda para los consumidores, ya de por sí bastante complicado por sus elevados precios.

La OCU va a hacer llegar sus planteamientos a todos los grupos parlamentarios durante el procedimiento de tramitación de la Ley, para conseguir que esta no se quede a medio camino y constituya un nuevo instrumento al servicio de los consumidores y no de las instituciones financieras y demás intermediarios.

Para más información contactar con Eva Jiménez Tfno.: 91 722 60 61 - ejimenez@ocu.org