La OCU considera aberrante la voluntad de volver al precio fijo para los libros

Según el Director General de la OCU, José María Múgica, “se trata de una nueva e incomprensible medida, tomada en perjuicio de los ciudadanos que, en el caso de los libros de texto, tras muchos años de lucha habían conseguido una normativa que aliviara en parte el oneroso peso de la vuelta al cole; resulta inaceptable que a la hora de valorar este tipo de decisiones sólo cuenten los libreros, editores y distribuidores y nada se diga de la incidencia de los consumidores quienes, al parecer, no van a estar en el pacto que pretende la Ministra Calvo. ¿Es ésta la forma de hacer política con los ciudadanos?”

La OCU considera que esta medida que, al parecer, pretende “proteger a las librerías” es, una vez más, una intervencionista actuación de protección de intereses particulares en detrimento de los intereses generales de los consumidores. No es, a juicio de la OCU, con este tipo de medidas con la que se va a conseguir salvar al libro español.

La OCU recuerda que ya en el Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de septiembre 1997 se afirmaba rotundamente en sus conclusiones que “la regulación sobre precio fijo de los libros en general y la prohibición de la práctica de descuentos en particular: a) no protege la creación literaria; b) no favorece la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento; c) restringe la venta de libros…”. El Informe terminan recomendando “La supresión de la actual regulación que ampara la fijación en origen del precio de los libros y el paso a una situación de libertad de precios”.

La OCU espera que estas declaraciones no lleguen a plasmarse en una desafortunada ley para los consumidores españoles y reitera su apuesta por la liberalización del precio de los libros en general y, en concreto, por la gratuidad de los libros de textos, gratuidad demandada por el Partido socialista desde la oposición y que parece haber caído en el olvido. La OCU entiende que sólo cuando los libros de texto sean gratuitos para las familias se podrá dar por cumplido el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza obligatoria. La medida anunciada parece ir justo en el sentido contrario.