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La nueva Ley de Medios de Pago regula entre otras cuestiones los pagos con tarjeta. Y en este sentido, establece la posibilidad de que los prestadores de bienes y servicios puedan aplicar a los consumidores gastos por el uso de determinados medios de pago o reducciones de precio por el pago en efectivo.
A juicio de la OCU, ésta es una posibilidad que va en contra de los derechos de los consumidores, pues establece una discriminación en precio en función del sistema de pago que se utilice (cuya elección depende exclusivamente del consumidor).
Una medida como ésta puede penalizar especialmente a quienes usen la tarjeta, que además de pagar por disponer de ella, y se pueden ver obligados a pagar un sobreprecio por su uso.
La OCU ha dirigido una carta a la Ministra de Economía y Hacienda, solicitando que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, se desarrolle un reglamento por el que se prohíba la discriminación del precio de los bienes y servicios en función del medio de pago elegido por el consumidor.