El fraude de las gasolineras destapado por la OCU. Punto final
El llamado "fraude de las gasolineras" fue destapado por la OCU en enero de 1998, cuando se descubrió que determinadas estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid manipulaban los surtidores para servir menos gasolina de la que el usuario pagaba.
La denuncia de la OCU desembocó en un proceso penal ante la Audiencia Nacional que ha terminado por imponer penas de prisión a los acusados así como la condena al pago de las cantidades ilegítimamente defraudadas, por un importe de 2.114.587,78 euros (351.837.802 ptas). La OCU ha solicitado que con esa cantidad se constituya un fondo para la prevención del fraude a los consumidores para evitar que se puedan repetir casos como el denunciado.
En las conclusiones definitivas del Fiscal, aceptadas por todas las partes en el proceso, se establecen para los acusados penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores. Igualmente se procede a imponer el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas, por un importe de 2.114.587,78 euros, del que responderán solidariamente los acusados.
La OCU se ha mostrado satisfecha con el resultado final de este largo proceso judicial, puesto que los autores de los delitos además de cumplir las penas correspondientes tendrán que hacer frente al pago de una indemnización cuyo importe la Organización ha solicitado que forme parte de un fondo, destinado a la prevención de fraudes en materia de consumo, gestionado por la Administración Pública en coordinación con la OCU.
HISTÓRICO DE LA VÍA JUDICIAL DEL CASO DEL FRAUDE DE LAS GASOLINERAS
09/01/1998: La OCU presenta denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando el presunto fraude de las gasolineras, que había sido puesto en su conocimiento por el periodista de El País, Miguel González.
12/01/1998: Salta a los medios de comunicación el presunto fraude de las gasolineras en las estaciones de servicio del Grupo Villanueva.
15/01/1998: La Policía Judicial detecta en 3 gasolineras indicios de un mecanismo fraudulento (cable).
17/01/1998: Durante la madrugada la juez Ana Revuelta a instancias del fiscal Emilio Valero cierra tres gasolineras. Se abre una causa.
22/01/1998: La OCU se persona en la causa abierta a instancias del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
24/01/1998: La fiscalía presenta denuncia contra los responsables de una gasolinera cerrada el mismo por la CAM. Se comunica que la denuncia la instruye el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid.
26/02/1998: La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Albacete abre diligencias penales por el presunto fraude de las gasolineras.
14/04/1999: Auto del Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid (Proc. Abrev. 104/98) de Conclusión de la Instrucción, donde se indican el inicio de las actuaciones, "en virtud de denuncia formulada por el representante legal de la OCU dirigida al Excmo. Sr. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Cita a los personados como perjudicados (13) y reconoce que la OCU ejercita "la acción popular".
20/07/2000: Auto de apertura de Juicio Oral del Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid en el que imputa a 35 personas y 16 empresas distribuidoras y exige un afianzamiento para atender a las eventuales responsabilidades pecuniarias a fijar en la sentencia de 5.300 millones de pesetas (figura relación por empresa en el Auto).
24/07/2000: Auto del Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid en el que se desestiman los recursos de queja de algunos imputados
25/10/2001: Auto de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial en la se acuerda "declarar la nulidad de las actuaciones practicadas desde el auto de 20 de julio de 2000" para la subsanación de algunas omisiones.
Del juzgado de instrucción pasa a la Audiencia Provincial (que es la competente por la magnitud del delito), la cual devuelve los autos varias veces al juez de instrucción para que haga bien la imputación. Una vez que están en la AP de forma definitiva, los acusados alegan que al ser en toda España corresponde a la AN (lo cual empeora su situación aunque ganan tiempo), momento en que se produce la inhibición
18/10/2002: Auto de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial en la acepta la declinatoria de jurisdicción de algunos acusados y traslada el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplia a 39 el número de acusados y acuerda incrementar la fianza a 5.424.220.872 pesetas
En este tiempo se ha producido el desistimiento o la renuncia al procedimiento de 17 de los 20 "perjudicados constituidos en acusaciones. Siguen: el Abogado del Estado, la Asociación de Empresarios de Movimientos de Tierra (AEMT) y Marco Gómez de la Serna.
12/04/2005: Se propone la modificación de conclusiones definitivas por parte de Fiscal que las partes aceptan: los imputados se declaran culpables y aceptan las penas que se proponen y el pago de un multa diaria, pagan un comiso de 2.114.587,78 € (351.837.802 ptas) y se hacen cargo de todas las costas.
Para más información pueden ponerse en contacto
con Ileana Izverniceanu
Tfno.: 91 300 00 45, o ileana@ocu.org.
