La OCU contra la tasa de los CDs y los DVDs vírgenes

La OCU ya manifestó su oposición al cobro de un canon similar sobre cintas de audio y vídeo y su exigencia de hacer compatibles el respeto a los derechos de autor de una obra gráfica, musical o de cualquiera otra naturaleza con el derecho de los consumidores al uso privado de determinados elementos técnicos. Derecho éste último que las sociedades gestoras de los derechos de autor no comparten. Y lo hacen con el peregrino argumento de que todos los CDs y DVD grabables (pronto lo serán también los discos duros de los ordenadores) son susceptibles de ser utilizados fraudulentamente para grabar música o imágenes protegidas por derechos de autor. Un argumento que, lamentablemente, hacía suya una sentencia de un Juzgado barcelonés al recoger como justificación para su fallo el que "es bien sabido cuál es el hábito del consumidor español, el de grabar mediante ordenador (aparato ya común en casi todos los hogares) los CDs legalmente adquiridos por otras personas" (¡sic!).

Según el Director General de la OCU, José María Múgica, "resulta insoportable al buen juicio que se establezca como principio la suposición del uso fraudulento de las cosas. Se 'condena' al consumidor a soportar en el futuro un considerable aumento del coste de la distribución de CDs y DVDs aunque éstos se destinen a usos tan legítimos como son las copias de seguridad de los discos duros o la distribución de productos informáticos propios". La solución no pasa, según la OCU, por presuponer el mal uso de los CDs y DVDs grabables sino en poner medidas más eficaces para identificar a quien vulnere derechos protegidos. Los consumidores tienen derecho al uso privado de los mismos para múltiples aplicaciones informáticas (incluso, para grabar su propia música).

Lamentablemente, el acuerdo entre Asimelec y las entidades de gestión de derechos de autor, a juicio de la OCU, ha arrebatado a los consumidores la presunción de inocencia y la posibilidad del legítimo el uso privado de los CDs grabables. Y todo ello por no querer utilizar mecanismos técnicos que eviten los abusos que se pretenden corregir. Al parecer se ha aceptado como irremediables dichos abusos y se ha decidido cargar sobre todos los usuarios las consecuencias de la incompetencia.

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